“Si viviera en México, no sería periodista”

Marcha por la justicia y la paz. Foto: Noroeste.

Can Dündar, periodista turco, recibió esta semana en Durban el “Golden Pen Award” de la World Association of Newspapers (WAN/IFRA por sus siglas en inglés), en el marco del Congreso Mundial 2017 #WNC17.

Dündar fue exiliado de su país por sus publicaciones críticas y su trabajo de investigación sobre la corrupción del gobierno turco. En 2016 sufrió un atentado mientras atendía un juicio de cadena perpetua. Ya había pasado algún tiempo en prisión preventiva.

Can Dündar recibe el Golden Pen Award. Foto: WAN-IFRA

Compartí con Dündar una mesa de libertad de expresión. Su participación fue implacable:

Turquía es la cárcel de periodistas más grande del mundo.

Pero como señaló Guy Berger, responsable de libertad de expresión de la UNESCO, lo único peor que un periodista en la cárcel es un periodista muerto.

Por eso el caso de Javier Valdez, asesinado en Culiacán está en los ojos del mundo. Porque es el ejemplo perfecto y doloroso de la crisis de seguridad que viven los periodistas en México. Porque ilustra la ineptitud de un gobierno que simula protegerlos gastando dinero y haciendo reuniones sin ninguna efectividad.

En todas las mesas y espacios de este foro mundial, la exigencia al Gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido contundente: el asesinato de periodistas en México tiene que parar.

Javier no puede ser un caso más de impunidad, pero sí debe ser el último de esa ominosa lista que nos ubica como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo: más de cien periodistas asesinados desde el año 2000.

Me lo dijo una compañera filipina:

“Si viviera en México no sería periodista”.

Debo reconocer que la frase me dolió. ¡Así de mal nos ven desde afuera!

En ese sentido, una idea se ha empezado a cocinar en este foro y al interior de las organizaciones no gubernamentales que defienden la libertad de expresión y el periodismo: declarar el 2 de Noviembre como el Día Mundial para poner fin a la impunidad en ataques a periodistas.

El objetivo es ambicioso, pero no sucederá por arte de magia. Hay mucho que trabajar en dos sentidos en la esfera nacional. Primero, la exigencia y el diálogo firme con el gobierno para que asuma su responsabilidad en dos vertientes: 1) proteger a los periodistas y los medios ante los embates de la clase política y el crimen organizado; y 2) reducir la tasa de impunidad que es casi absoluta (99.75%) en este tipo de agresiones.

Segundo, asegurar que medios y periodistas en México comencemos a colaborar de manera flexible con el objetivo de protegernos mejor desde tres perspectivas de seguridad: física, digital y sicológica.

Por eso hay que aplaudir, pero sobre todo participar en las mesas de Agendadeperiodistas.mx. Hasta el momento se han sumado cientos de periodistas y decenas de organizaciones de medios y sociedad civil para discutir y alcanzar consensos con una prioridad muy clara: cómo mantenemos a nuestros periodistas vivos sin que tengan que abandonar su oficio, por crítico o incómodo que resulte a los poderes fácticos de este país.

Son ya tres semanas del asesinato de Javier. En Sinaloa las protestas se han mantenido de manera cada vez más organizada. Colectivos de la sociedad civil han hecho suya la indignación a través de actividades artísticas y culturales, así como intervenciones urbanas para mantener la exigencia de justicia a la Fiscalía Local que preside Juan José Ríos Estavillo y al Gobierno de Quirino Ordaz Coppel. El desenlace –o no- del caso de Javier marcará sus carreras para bien o para mal.

Al mismo tiempo, un comité voluntario de periodistas ha mantenido reuniones con la Fiscalía Especial y la Fiscalía Estatal, responsables de la investigación. Ambas han sido sumamente cautelosas, no ha revelado ningún avance y se negaron a entregar un versión pública argumentando que el nuevo sistema de justicia penal lo impide. Insisten en la voluntad del Gobierno Federal para aclarar el asunto en su totalidad pero desde el gremio no solo hay incredulidad, sino desconfianza y poca paciencia.

Peña Nieto dejará el poder en 2018. El PRI conservó el estado de México en una victoria que huele y se siente como fracaso. MORENA prácticamente igualó la cuota electoral del Grupo Atlacomulco en su bastión histórico, lo que no presagia buenas noticias para las elecciones presidenciales. Peña sabe que es casi imposible que el PRI refrende el mandato presidencial y que eso lo hace vulnerable en el futuro. Sobre todo en materia de corrupción y violaciones a derechos humanos.

El Gobierno de Peña Nieto podría ser juzgado en instancias internacionales por dos razones: las violaciones a derechos humanos provocadas por la estrategia militar contra el narcotráfico, lo que explica su prisa con la Ley de Seguridad Interior.

Y también porque cada vez hay más voces de ONG’s internacionales reclamando su incapacidad y desinterés por la libertad de expresión. No es descabellado imaginar un expediente abierto contra la gestión de Peña por los casos de periodistas asesinados.

La situación es muy grave. Una prensa libre es requisito fundamental para la democracia. No es un asunto exclusivo de periodistas o medios de comunicación, sino de toda la sociedad. Así debemos verlo, y por lo tanto, atenderlo.

Javier decía que, en México, al buen periodismo le hacía falta sociedad. Espero que en su caso, se haya equivocado.

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